Cáritas denuncia que la exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes irregulares es “una medida injustificada”

• Este lunes, el Tribunal Constitucional avaló la asistencia sanitaria gratuita a los 'sin papeles'.
• La iglesia también destaca “la insuficiencia” del nuevo Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.
• Y subraya que el actual Anteproyecto de Reforma del Código penal “deja en manos del Fiscal el perseguir o no el delito de ayudar a una persona que se encuentre en situación administrativa irregular, cuando concurran razones humanitarias”.
• La acción caritativa y social de la Iglesia católica avisa de que las últimas medidas legislativas limitan el acceso de los inmigrantes a los derechos fundamentales. Eso sí: Benedicto XVI dice que los inmigrantes deben respetar "los valores" del país que les acoge.

 

La acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, Cáritas, en el Día Internacional del Migrante, que se celebra este martes, 18 de diciembre, ha emitido un comunicado en el que destaca que “quiere unir su voz a las de los millones de personas que por diversas circunstancias abandonan sus hogares, su familia y su país de origen en busca de una posibilidad de futuro”, al tiempo que alerta “que ser migrante hoy constituye para millones de personas en todo el mundo un factor de especial vulnerabilidad”.

Como señalaba Juan Pablo II -recuerda Cáritas-, “los Estados, por lo general, tienden a intervenir mediante el endurecimiento de las leyes sobre los emigrantes y el fortalecimiento de los sistemas de control de las fronteras. Las migraciones pierden, así la dimensión de desarrollo económico, social y cultural que poseen históricamente (Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones 1996, n.1)”.

Según Cáritas, en España, “las últimas medidas legislativas limitan el acceso de los inmigrantes a los derechos fundamentales y los colocan en situación de mayor vulnerabilidad”. De forma concreta, se refiere a la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril. “Se trata de una medida injustificada, que supone un sufrimiento añadido a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Cáritas. No olvidemos que el incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día”, apunta.

Además, Cáritas destaca “la insuficiencia del nuevo Anteproyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros”. Además de marcar apenas diferencias con los actuales 'Centros de Internamiento', ambos recursos “seguirán siendo espacios donde se restrinja el acceso a derechos humanos básicos, al mantenerse una práctica de internamiento para infracciones administrativas que proyecta una imagen social que estigmatiza y criminaliza la inmigración, con medidas duras e insensibles con la realidad de estas personas”, advierte la Iglesia.

La institución también llama la atención sobre el hecho de que el actual Anteproyecto de Reforma del Código penal “deja en manos del Fiscal el perseguir o no, dependiendo de su valoración, el delito de ayudar a una persona que se encuentre en situación administrativa irregular, cuando concurran razones humanitarias”.

Benedicto XVI marcó el camino recientemente cuando, con motivo de la 99 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo 13 de enero de 2013, afirmó: “Es cierto que cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias generales del bien común, pero siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana”. Pero añadió: “El camino de la integración incluye derechos y deberes, atención y cuidado a los emigrantes para que tengan una vida digna, pero también atención por parte de los emigrantes hacia los valores que ofrece la sociedad en la que se insertan”.

A todo ello se une que ayer, el Tribunal Constitucional avaló la decisión del País Vasco de garantizar la atención sanitaria pública y gratuita a los inmigrantes en situación de irregularidad en España y por tanto la asistencia universal, al entender que la desprotección de este colectivo repercute en su salud individual y tiene además implicaciones en la del conjunto de la sociedad. Según el Alto Tribunal, las autoridades "deben prevenir la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas" y "evitar riesgos de tipo sanitario". Por lo tanto, permite al Gobierno vasco seguir expediendo tarjetas sanitarias a los 'sin papeles' de acuerdo a unos "criterios mínimos" de empadronamiento y arraigo.Fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron que se acatará la resolución judicial.

Andalucía, Asturias y Cataluña no han retirado la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. En Castilla-León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra las autoridades tratan de ofrecer asistencia a través de otras fórmulas administrativas.

España siempre se ha caracterizado por la generosidad de su gente, de los españoles. Numerosos datos así lo avalan (somos el país líder en donación de órganos, trasplantes, etc). El Gobierno debe rectificar en este punto. Aunque, a la vez, acometer la reforma de la sanidad para que sea más eficiente.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com

Una madre a sus hijos: "Lo siento, pero nadie va a encontrarme"

Una madre graba un vídeo de despedida para sus hijos cuando pensaba que iba a morir

Una nevada dejó el coche en el que viajaba atrapado en la montaña

Fue rescatada por su hermano, pero su novio murió tratando de conseguir ayuda

Paula Lane, de 46 años, permaneció atrapada en su coche durante seis días en una tormenta de nieve pensando que iba a morir. Por eso grabó un vídeo de despedida para sus hijos, gemelos, de 11 años, a los que creía que nunca volvería a ver.“Siento que esto haya pasado”, dice temblorosa y tiritando Paula Lane a la cámara mientras está acurrucada en el jeep de su novio, Roderick Clifton, en un camino forestal aislado en Nevada, EEUU.“Sólo quiero volver a casa. Tan pronto como salga el sol, voy a intentarlo. Hay siete millas en seis pies de nieve. Nadie va a encontrarme aquí en Burnside Lake”, añade en el vídeo, informa Daily Mail.

Después de sobrevivir seis días en un desierto congelado, Paula fue salvada por su hermano, Gary Lane. Su novio, Roderick, murió tratando de conseguir ayuda.

Paula vio el vídeo en directo en el programa Today Show, junto a su hermano y un amigo. “Fue muy duro”, explica Paula al ver el vídeo. “Es la cuarta vez que lo veo. Cuando hice la grabación, quería que fuera un adiós más feliz. Sabía que iba a ser un adiós, lo sentía. Una vez que empecé a hablar, casi sentí que alguien más estaba allí conmigo, y que iba a liberar a alguien. Era la primera vez que lloraba desde que todo empezó y verlo ahora es surrealista”, añade.

Lane recordó el momento en el que su novio Roderick abandonó su coche para conseguir ayuda. Ella le pidió que no saliera del coche durante la tormenta, pero él no atendió sus súplicas.

“Eran las 9.09 de la mañana. Recuerdo mirar mi reloj y pedirle que esperara, que lo afrontáramos juntos. Era lo más inteligente, y sólo decía así con su mano la última vez que le vi”, explicó Paula durante su aparición en The Today Show, haciendo el gesto de Clifton cuando se fue. “Sabía que no iba a verle de nuevo”, observa Paula.

Clifton nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado más tarde, varias millas más allá de la autopista. Tenía tres hijas.

Paula permaneció en el coche durante dos días más, sobreviviendo con un paquete de tomates verdes y nieve. No estaba vestida para un tiempo tan frío y tuvo que usar pañuelos y cintas para hacerse calcetines.

Su médico explica que sobrevivió gracias a esa alimentación y a que se acurrucó en el hueco de un árbol para pasar la noche.

Mientras tanto, se lanzó una búsqueda masiva para encontrarles. Gary y un amigo pidieron prestada una excavadora de las que se usan en las construcciones y buscaron en el bosque de Sierra Nevada cerca de un camping que Paula solía frecuentar. Su hermano finalmente la encontró cuando la oyó silbar mientras se arrastraba hacia la carretera para pedir ayuda.

Se cree que el jeep de la pareja se salió de la carretera y quedaron atrapados en las montañas de Sierra Nevada. Las autoridades no pudieron localizar sus teléfonos debido a la altitud, que los dejaba fuera de cobertura.

Al no volver Roderick, Paula esperó en el vehículo hasta que decidió salir a buscarle.  Encontró el cuerpo cuando trataba de llegar a la carretera.

Aunque se está recuperando de congelación y malnutrición en el hospital, mucha de su recuperación será emocional ya que deberá sobreponerse a la muerte de su novio cuando trataba de salvarles.

El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles

Considera que excluir a un colectivo de la asistencia puede afectar a la salud pública

Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago

• Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria
• El Gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares

Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud, sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atención sanitaria universal. Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional --la sentencia tendrá que esperar-- echa por tierra elacceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando lasuspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes.

El alto tribunal no admite, sin embargo, la eliminación del aumento del copago farmacéutico, que también incluían las medidas de Rajoy, y contra el que también se posicionó el entonces Ejecutivo de Patxi López. En cualquier caso, el Constitucional no entra a determinar el conflicto de competencias, algo que dirimirá en una sentencia posterior. En el auto, adoptado por el pleno del Constitucional, el tribunal atiende las alegaciones del Gobierno vasco respecto a que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud “lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad”.

Argumentos de salud pública que están también en el trasfondo del auto del Constitucional. Este indica que todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, y esgrime que el argumento del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud. La “conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad”, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no pueden verse desvirtuadas “por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que, como indican, ni siquiera se ha concretado.Uno de los puntos clave de la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en abril es la exclusión de la asistencia normalizada de los extranjeros en situación irregular —que se hizo efectiva el 1 de septiembre con la desactivación de sus tarjetas sanitarias—. Un punto que el País Vasco trató de sortear con un decreto que fue recurrido ante el Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy. Para seguir garantizando la asistencia universal, el Gobierno vasco argumentó que el colectivo de sin papeles es “el que resulta más afectado por patologías infecciosas” como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, “que presentan una prevalencia en la población inmigrante superior a la española y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública”. Dejar a estas personas “sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”, defendía también.

La resolución del Constitucional habla del caso vasco, pero su alcance es mucho más amplio. Y es que Euskadi no es la única autonomía que se ha rebelado ante la ante la decisión del Gobierno de expulsar de la asistencia normalizada a los inmigrantes irregulares —unos 150.000—, a quienes se pretende cobrar por una asistencia a la que ellos, como el resto de la población, contribuyen con sus impuestos. También Andalucía, Asturias y Cataluña siguen dándoles tarjeta sanitaria.

Euskadi no es la única autonomía que se ha rebelado contra la exclusión sanitaria

Además de estas autonomías, otras cuatro —Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra— tratan de proporcionarles asistencia, aunque a través de fórmulas administrativas y programas específicos. Nueve comunidadesaplican el decreto del Gobierno a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Allí, a los inmigrantes irregulares solo les queda la opción de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

Pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad afirma que en ningún caso, la reforma sanitaria tiene por objetivo la exclusión de los inmigrantes sin papeles. “En ningún caso el Ministerio ha querido que se deje de dar asistencia sanitaria a nadie. Solo ha regulado la condición de asegurado”, asegura una portavoz. “Respetamos y acatamos, por supuesto la resolución del Constitucional”, indica.

Un auto que Andalucía —que también ha recurrido el decreto del Gobierno— ve como una muy buena noticia. País Vasco pretendía garantizar la tarjeta sanitaria a los sin papeles a través del decreto suspendido cautelarmente. La comunidad presidida por José Antonio Griñán lo está haciendo de facto. “Atender a todas las personas es una garantía para el modelo sanitario porque cualquier barrera en la atención no solo es una injusticia, también es un problema de salud pública e incluso una bolsa de ineficiencia ya que la atención universal se garantiza a través de la atención primaria", indica una portavoz de laConsejería de Salud andaluza.

Teresa Maura, presidenta de Médicos del Mundo en País Vasco, también habla de riesgo. “En las comunidades que aplican el decreto estas personas solo pueden acudir a urgencias, lo que implica que tienen continuidad en la asistencia, no se les atiende de manera normalizada ni racional”, critica. Su organización tiene varios programas para atender a extranjeros que viven en España en situación irregular, un colectivo, explican, especialmente vulnerable. Y no porque tengan más riesgo de enfermar. Al contrario, suelen ser personas jóvenes que acuden al médico menos que la media; sino porque tienen más dificultades y barreras administrativas.

Maura declara que aunque la resolución del Constitucional no es aún una sentencia y que esta puede tardar en llegar, es significativo que toque cuestiones de fondo como son la universalidad de la cobertura sanitaria y la importancia de las cuestiones de salud pública. "El derecho a la sanidad tiene que ser para todas las personas y en igualdad de condiciones", apunta.

El riesgo del peaje sanitario

Los expertos se han mostrado muy críticos con la exclusión de los sin papeles de la atención normalizada. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria inició una campaña contra el decreto del Gobierno yanimó a los médicos a objetar ante una medida “discriminatoria e injusta”. Los profesionales sanitarios advierten, además, de que poner barreras a la atención médica puede poner en riesgo la salud de estas personas y del resto de la población.

No son los únicos en pronunciarse contra la reforma que impone un peaje a los sin papeles —deben pagar por todo lo que no sea urgencias, atención al parto y posparto—. El Consejo General de la Abogacía considera la medida directamente inconstitucional. Los letrados argumentan que el decreto afecta al derecho a la protección de la salud, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Además, el decreto del Gobierno puede colisionar con algunos estatutos de autonomía que establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”, dice Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía.

“Hay dudas de la constitucionalidad de la medida por varios motivos, y eso es lo que señala inicialmente el tribunal que, aunque no entra en el debate de las competencias, sí habla de cuestiones de salud pública y el derecho a la salud”, señala Aguelo, que cree que el alcance de la resolución puede ser general para las comunidades que, como Andalucía, Asturias o Cataluña, hayan iniciado fórmulas para garantizar la cobertura universal manteniendo la tarjeta sanitaria.

MARÍA FABRA / MARÍA R. SAHUQUILLO 

• © EDICIONES EL PAÍS, S.L.

Twitter lanza de forma limitada una nueva características para acceder a la descarga de

18/12/2012 - Tras la promesa de Dick Costolo, CEO de la plataforma de comunicación en tiempo real, a mediados de este mismo año de descargar todos los tweets publicados en el timeline y la expectación generada con este anuncio, Twitter ha confirmado recientemente que ya está probando esta nueva opción entre un grupo reducido de usuarios anónimos.

Para saber si somos uno de los seleccionados, simplemente tenemos que entrar en la configuración de nuestra cuenta de Twitter y buscar en la parte inferior la opción para la descarga "Archivo de Twitter". 

El formato escogido por la red social para enviar el histórico es un .zip por lo que será necesario disponer en nuestro ordenador de un software de descompresión (WinRAR, WinZip,....) para acceder al visualización del archivo de todos nuestros Tweets. 

Sin una fecha oficial cerrada, se espera que en cuanto sea testada suficientemente esta nueva posibilidad quede activa para el resto de usuarios de la plataforma de microbloggin. 

Hay que tener en cuenta que según los últimos datos, cada día se mueven en Twitter más de 350 millones de tweets de sus más de 200 millones de usuarios en todo el mundo.
DesarrolloWeb.com

Los jueces se rebelan contra la reforma laboral

LOS TRIBUNALES DESESTIMAN EN EUSKADI VARIOS ERE DE RESCISIÓN PRESENTADOS POR EMPRESAS

Garbiñe Biurrun afirma que la judicatura seguirá vigilando "la proporcionalidad de los despidos"

Garbiñe Biurrun Presidenta de la sala Social del TSJPV

DONOSTIA. La reforma laboral pretendía agilizar la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en favor de la empresa, pero el Gobierno español no contaba con que podía generar más inseguridad jurídica y que los jueces fijasen el criterio de que no todo vale en los ERE, en especial los que contemplan rescisiones de contratos en despidos colectivos. El pasado miércoles se conoció que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nula la decisión de la empresa metalúrgica Corrugados Azpeitia, la antigua Marcial Ucín, de extinguir los contratos de 60 trabajadores de su plantilla. Esta sentencia, junto con la de Laminaciones Arregui-Grupo Celsa, es una más de un proceso en el que los jueces se han convertido en el último dique de contención frente a los posibles abusos de ciertas prácticas empresariales.

La propia presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la magistrada Garbiñe Biurrun, no duda en señalar, en referencia a la citada sentencia que anula 60 despidos en Corrugados Azpeitia, que los jueces "se han rebelado contra alguna pretensión de la reforma laboral" y que seguirán vigilando la proporcionalidad de los despidos.

¿Qué están valorando los jueces en la ristra de sentencias contrarias a las pretensiones empresariales? Que no todo vale en la aplicación de la reforma laboral, que la misma no es un instrumento para aumentar el beneficio de los accionistas o para vulnerar el derecho de huelga y la libertad sindical sin mayor cortapisa. De hecho, en la sentencia de Corrugados el TSJPV afirma que la empresa incumplió de forma "grave e injustificada" la obligación de "negociar de buena fe" las medidas de ajuste.

La postura de los jueces de lo Social ha visto redoblada su repercusión social en un contexto en el que el número de ERE y de trabajadores afectados registra un fuerte crecimiento en la CAV. En los tres primeros trimestres de 2012 se han presentado ante la administración vasca, 1.906 ERE, un 87% más que en el año anterior, que han afectado a 27.679 personas. Y eso sin contar los expedientes, por ejemplo el de Gamesa, presentados en Madrid porque afectan a centros de trabajo en varios territorios, según el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). La propia Garbiñe Biurrun reconoce "la trascendencia" que tiene la negociación en este tipo de procedimientos y la "obligación" de dialogar "de buena fe".

CONFIANZA EN LA JUSTICIA La jueza considera que resoluciones como la de Corrugado hacen a los ciudadanos "confiar en la acción de los tribunales y en su eficacia", ya que demuestran que la judicatura, en este caso la vasca, "se ha rebelado contra alguna de las pretensiones de la reforma laboral, que era evitar el control judicial de los despidos".

Para Biurrun, "sigue mereciendo la pena acudir a los tribunales si alguien considera que alguno de sus derechos está siendo vulnerado", algo que han hecho por ejemplo los trabajadores de la empresa Formica antes de alcanzar un acuerdo con la empresa y retirar la demanda, o los de Cementos Lemona que siguen con ella. En este sentido, la magistrada aseguró, en lo que parece un aviso para navegantes, que los jueces vigilarán para que "los despidos deban seguir teniendo una causa justa" y someterse a la Constitución, así como aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad de la causa del despido.

Pese a la disposición judicial a salvaguardar los derechos de los trabajadores, la reforma laboral acota el efecto práctico de las sentencias favorables al colectivo de empleados, ya que no se prevé la readmisión de los afectados por un despido colectivo anulado en los tribunales lo que da lugar a que los jueces, como en el caso de Laminaciones Arregui, dejen la decisión en manos de la empresa o en demandas individuales.

l Corrugados Azpeitia. La acería guipuzcoana controlada por la extremeña Grupo Gallardo vio el pasado miércoles cómo los tribunales declaraban nula la decisión de la empresa de rescindir 60 contratos por "no negociar de buena fe" con los sindicatos.

l Celsa Atlantic. El TSJPV también anuló en octubre el ERE de Celsa Atlantic para despedir a 358 empleados de la alavesa Laminaciones Arregui presentado por la dirección tras fracasar el intento de llegar a un acuerdo con la plantilla para rebajar las condiciones laborales de los empleados, lo que desencadenó una serie de movilizaciones. Los jueces consideraron el despido de estos 358 empleados como una "represalia empresarial" que vulnera el derecho de huelga, declarando su nulidad.

l Koyo Bearings. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nulos trece despidos en la empresa bilbaina de origen japonés Koyo Bearings, al entender que se había discriminado a los afiliados de una organización sindical concreta, ELA, que habían encabezado una huelga, mientras que "el sindicato mayoritario en el comité de empresa, UGT, no se ha visto afectado en afiliado alguno". Esta fue la primera sentencia contraria a la empresa tras la reforma laboral en la CAV.

XABIER AJA internet@noticiasdegipuzkoa.com

Terciado : si fuera necesario el rescate, que se haga cuanto antes

Santander, 18 dic (EFE).- El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús María Terciado, ha dicho que "si fuera necesario el rescate, que se haga cuanto antes", porque son las pequeñas y medianas empresas las que "pueden generar empleo", para lo que precisan acceso a la financiación.

Aunque Terciado coincide con el Gobierno en que "la situación actual hace pensar que el rescate no es necesario", porque reconoce que "el Estado se ha financiado a un precio razonable", matiza que "especialmente las pymes, los autónomos y las familias no se están financiando o lo están teniendo muy complicado".

Terciado se ha expresado así, en conferencia de prensa, tras participar en el Foro Ser Cantabria, con la charla "Pymes: la gran respuesta", en la que ha insistido en que el proceso de recuperación de la crisis económica "debe llegar de la mano de las pymes y de los autónomos".

Para Terciado, "cuando mejore la situación del crédito y la confianza en los mercados, las pymes serán las que creen trabajo".

"No debemos empeñarnos en que haya un rescate o deje de haberlo, nuestra responsabilidad es que fluya el crédito", ha opinado Terciado, quien también se ha referido al "mecanismo innovador" del pago a proveedores, que supuso "un respiro" para las pymes ante la escasez de financiación y las dificultades para el cobro de deudas de las administraciones públicas.

"Toda esa cadena tuvo un inicio de solución, pero ahora se está acumulando deuda nuevamente", ha lamentado Terciado, quien sitúa ésta en 10.000 millones de euros, una "cifra escandalósamente alta" que hace pensar que "esas administraciones no están respondiendo a los compromisos que asumieron cuando se acogieron a esa medida".

Jesús Terciado ha considerado que "sería importante entrar en un segundo mecanismo o exigir a quien no lo ha cumplido que lo cumpla".

El presidente de Cepyme también ha destacado la importancia de "reforzar" el diálogo social, porque, a su juicio, se atraviesa una etapa en la que "las posturas están demasiados separadas o incluso enfrentadas", de ahí que enfatice "no podremos salir de la crisis individualmente, tenemos que apoyarnos unos en otros".

Terciado, durante su participación en el Foro, ha sido cuestionado sobre la reforma laboral y, aunque ha reconocido que "por el momento ha funcionado mal" en cuanto al objetivo de creación de empleo, ha matizado que aún es pronto para valorarla y que, en un "entorno de crisis importante", es preciso esperar a ver como evoluciona el mercado laboral en los próximos meses.

También fue inquirido sobre las indemnizaciones por despido, asunto sobre el que ha considerado que "el debate no debe centrarse" en cómo aplicarlas, sino que "es más importante poder flexibilizar horarios y salarios para no tener que despedir", una apuesta que, subraya, "hay que hacer entre todos".

Por otra parte, Terciado ha lamentado el incremento de la presión fiscal a las empresas y además ha opinado que las empresas energéticas "están empezando a dar síntomas de agotamiento".

En esta materia, el presidente de las Pymes, al ser preguntado por el "céntimo verde", ha aludido al cierre de la central nuclear de Garoña, a la que este impuesto "no le permite ser viable" y cuyo cierre de la actividad, a juicio de Terciado, "es tremendamente negativo y nos puede perjudicar muchísimo".

Tampoco se ha mostrado muy de acuerdo con el "céntimo sanitario", por la "divergencia y rivalidad impositiva" que se está dando entre comunidades autónomas, a las que se lleva a una "rivalidad competitiva" que no beneficia ni a las empresas ni a los usuarios.

Terciado ha concluido su intervención insistiendo en que las pymes se están viendo debilitadas por la caída del consumo, la alta morosidad y las dificultades para acceder a líneas de crédito, que han llevado a que, en lo que va de año, hayan cerrado más de 32.000 empresas y a que más de 43.000 autónomos hayan abandonado su actividad. EFE

El Comercio Digital

 

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