jueves, 11 de octubre de 2012


500 euros for a dismissal appeal
Lawyers are declared on the warpath against "tasazo" more expensive than going to court, "is a direct attack, there will be justice for having money and another for which no"
 7:33



The Bar Association yesterday held an informational meeting to decide reactions to the proposed rates. Attended by 40. / / Iñaki Osorio
J.FRAIZ - Ourense from the conventional-banners, brochures, press conferences and meetings-a most unusual-organized strikes, viral campaigns on social networks and even a toga-up, the will of the approximately 40 lawyers Ourense is gathered in assembly unanimously yesterday. Everything is to explore the basis of a conviction. No to "tasazo". No to "justice for the poor and others rich." No minister unequivocal project that generalize Ruiz-Gallardón payment of fees for attending court. Five hundred euros to appeal a judgment of the Labour Court-as a class-pay or layoff; 200 euros for appeal a traffic ticket, 350 for filing a claim after a medical malpractice; 800 euros for appealing an initial decision in the civil and contentious.
"It is a direct attack on any rule to effective legal protection for citizens. Justice There will be a need for money and a different one for which no". Such confidence yesterday introduced the debate open to contributions Arturo Gonzalez, dean of the College of Lawyers of Ourense. The profession, although represented at the meeting held late in the afternoon yesterday just for a part of their census in the city, will lead to rejection measures bill, according to the dean, the Government intends to substantiate as accompanying State Budget.
Advocacy has articulated statewide contacts with opposition political organizations. Yesterday ended the deadline for amendments totals. "I know that there is a" Gonzalez said. The 16 is the deadline to register in Congress partial modifications. Knowing that "the Government has a majority of one party" and that doubling the pulse reformist Gallardón in this area will be difficult, the lawyers explore implementing measures to lock in rates.
The overall implementation of a copayment with previously taxed exclusively to large companies "severs a basic right," warns the dean. But also move the foundations of the profession of lawyers and solicitors, who are also studying measures in parallel. "It is estimated that between 15 and 20% of cases would reach the courts. Rates will hamper economic citizens." In 2011 the courts of Ourense received nearly 45,000 procedures Paying deter generalized user deleting the table up to 9,000 cases.
Arturo Gonzalez anticipated the possible perversions of a rise for process or even start them. "In certain procedures will not compensate directly. This will give wings to the delinquency of small quantities because the lender is not going to start a business financial compensation to charge for that you will pay. Defaulters will be a paradise," portrays the Dean.
The lawyers want to open your eyes beyond corporatism because they understand, which will pay will be the citizen. So, yesterday agreed at the meeting to develop brochures, direct, clear, concise, in which a client understands today in figures which can cost the same process from January 1 if the project is validated. The College will hang a banner on your large front to draw attention of the citizen. Besides the governing board will meet with neighborhood leaders to move the residents of Ourense the practical consequences of the law. There are no preconceptions. The lawyers consider, where appropriate, other groups mobilized calling judicial, and seek between Internet permeability maximum amplification of his case against the "tasazo".

500 euros por recurrir un despido

Los abogados se declaran en pie de guerra contra el "tasazo" que encarecerá ir al juzgado: "Es un ataque directo; habrá una justicia para el que tenga dinero y otra para el que no"

 07:33   
El Colegio de Abogados celebró ayer una asamblea informativa para decidir reacciones al proyecto de tasas. Asistieron 40.  // Iñaki Osorio
El Colegio de Abogados celebró ayer una asamblea informativa para decidir reacciones al proyecto de tasas. Asistieron 40. // Iñaki Osorio 
J.FRAIZ - OURENSE Desde lo convencional -pancartas, folletos informativos, ruedas de prensa y reuniones- a lo más infrecuente -paros organizados, campañas virales en las redes sociales y hasta una marcha de togas-, la voluntad de los aproximadamente 40 abogados de Ourense reunidos en asamblea ayer es unánime. Todo está por explorar partiendo de una convicción. No al "tasazo". No a "una justicia para pobres y otras ricos". No inequívoco al proyecto del ministro Ruiz- Gallardón que generalizará el pago de tasas por acudir a un juzgado. Quinientos euros para poder recurrir una sentencia del juzgado de lo Social -como una demanda salarial o un despido-; 200 euros por recurrir una multa de Tráfico; 350 por presentar una reclamación tras una negligencia médica; 800 euros por apelar una primera sentencia en los ámbitos civil y contencioso.
"Es un ataque directo y en toda regla a la tutela judicial efectiva para los ciudadanos. Habrá una justicia para el que tenga dinero y otra distinta para el que no". Así de contundente introdujo ayer el debate abierto a aportaciones Arturo González, decano del Colegio de Abogados de Ourense. La profesión, aunque representada en la sesión celebrada a última hora de la tarde de ayer solo por una parte de su censo en la ciudad, liderará medidas de rechazo al proyecto de ley que, según el decano, el Gobierno pretende sustanciar como acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
La abogacía ha articulado contactos a nivel estatal con organizaciones políticas de la oposición. Ayer terminaba el plazo para presentar enmiendas totales. "Me consta que hay una", dijo González. El 16 finaliza el plazo para registrar en el Congreso las modificaciones parciales. Sabiendo que "el Gobierno tiene la mayoría de un partido", y que doblar el pulso reformista de Gallardón en este ámbito será difícil, los letrados exploran medidas para trabar la implantación de las tasas.
La implantación general de un copago con el que antes se gravaba en exclusiva a las grandes empresas "cercenará un derecho básico", alerta el decano. Pero además moverá los cimientos de la profesión de abogados y procuradores, que también estudian medidas en paralelo. "Se calcula que entre un 15 y un 20% de los asuntos dejaría de llegar a los juzgados. Las tasas van a poner trabas económicas a los ciudadanos". En 2011 los juzgados de Ourense recibieron casi 45.000 procedimientos El pago generalizado al usuario lo disuadiría borrando de la mesa hasta 9.000 casos.
Arturo González anticipó las posibles perversiones de un encarecimiento para llevar adelante procesos o tan siquiera iniciarlos. "En determinados procedimientos directamente no va a compensar. Esto dará alas a la morosidad de las pequeñas cantidades porque al acreedor no le va a compensar económicamente iniciar un asunto para cobrar por el que tendrá que pagar. Será un paraíso para morosos", retrata el decano.
Los abogados quieren abrir los ojos más allá del corporativismo porque entienden, el que lo pagará será el ciudadano. Por eso, ayer acordaron en la asamblea elaborar folletos informativos, directos, claros, concisos en los que un cliente de hoy entienda en cifras lo que le puede costar el mismo proceso a partir del 1 de enero si el proyecto se convalida. El Colegio colgará una pancarta de grandes dimensiones en su fachada para llamar la atención del ciudadano. Además la junta de gobierno mantendrá un encuentro con líderes vecinales para trasladar a los vecinos de Ourense las consecuencias prácticas de la ley. No existen apriorismos. Los letrados estudiarán, si procede, movilizarse llamando a otros colectivos judiciales, y buscarán entre la permeabilidad de internet la máxima amplificación de su causa contra el "tasazo".

II Conferencia del Consejo Europeo sobre Cohesión SocialEl Gobierno español apuesta por estrategias globales para adaptar la protección social a los retos económicos y demográficos

  • Los Veintisiete se comprometen a promover nuevas formas de responsabilidad compartida en el ámbito de la cohesión social
11 octubre 2012
II Conferencia del Consejo Europeo sobre Cohesión Social
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El Gobierno español apuesta por el diseño y puesta en práctica de estrategias globales para adaptar los sistemas de protección social a los retos económicos y demográficos. Así lo ha manifestado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en su intervención en la II Conferencia de Responsables europeos en materia de Cohesión Social.
El responsable de la Seguridad Social española subrayó en su intervención la trascendencia de la participación personal y colectiva en sociedades más envejecidas. “Es un debate -destacó Burgos- sobre dignidad, legitimidad y libertad; sobre confianza y avances”.
En el marco de este encuentro internacional, celebrado en Turquía, se ha firmado la Declaración de Estambul, un documento por el que los países participantes se comprometen con una nueva estrategia europea de cohesión social, con mayor protagonismo de los ciudadanos.  En el texto destaca la necesidad de una “responsabilidad compartida entre las autoridades públicas y los agentes privados, mediante el diálogo y la cooperación con la sociedad civil”.
Frente a los retos demográficos, Europa se ha comprometido a poner en marcha políticas destinadas a garantizar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y mayor participación activa de la sociedad y en concreto, del colectivo de personas mayores.
Con el documento suscrito, los Veintisiete instan al Consejo de Europa a “evaluar los conceptos, métodos y herramientas utilizados en iniciativas que desarrollen nuevas formas de responsabilidad social compartida para el futuro”. Además, se comprometen a intensificar la cooperación con los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y la UE para el desarrollo de políticas concordantes en el ámbito de la cohesión social.
La próxima Conferencia se celebrará en 2015 y estará organizada por Azerbaiyán.

lunes, 8 de octubre de 2012


La salud en el trabajo analiza tres componentes interrelacionados:
  1. El recurso más importante de una empresa u organización son los empleados, por lo que la salud y el bienestar de los trabajadores deben tenerse en cuenta en todo momento
  2. El entorno laboral debe ser seguro y saludable. La salud y el bienestar de los empleados deben ser protegidos por medio de evaluaciones de riesgo y políticas laborales
  3. La estructura organizativa de la empresa puede tener un efecto significativo sobre la moral y sobre cómo se sienten los empleados respecto a su trabajo. Tanto el estilo de gestión como los sistemas de comunicación y las oportunidades de capacitación y desarrollo de todo el personal definen a la empresa en sí y por tanto a sus empleados
Estos tres factores interactúan en el lugar de trabajo y son los que definen a la empresa. Toda planificación de riesgos laborales debe estar  dirigida a estos tres componentes.
Un empleado va a funcionar mejor y ser más productivo en un ambiente seguro y saludable y en una organización en la que se valoran.

domingo, 7 de octubre de 2012


Un ERE o Expediente de Regulacion de Empleo son aquellos procedimientos solicitados a las autoridades laborales para despedir a empleados de forma que se garanticen los derechos de los trabajadores.
Los ERES, tan de moda durante esta crisis (tambien conocida como Crisis Ninja) se pueden solicitar desde las empresas o desde los sindicatos de trabajadores cuando se dan determinadas circunstancias previstas por la ley:
  • Despido colectivo o suspensión de la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción.
  • Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor.
  • Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
El ERE debe acompañarse de un informe justificando la extinción de contratos a trabajadores masiva con los documentos que certifiquen el estado económico de la empresa. Si un ERE afecta a menos de 200 trabajadores, la Autoridad Laboral puede ser la de la provincia donde se ubica la empresa. Si afecta a más de 200 personas o a centros ubicados en diversas provincias, el caso debe pasar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Si el ERE se solicita por causas de fuerza mayor, es suficiente con informar a los representantes legales de los trabajadores y esperar la resolución de las Autoridades Laborales. En los demás casos, se abre un período de consultas y de negociación entre empresa y trabajadores. Si no se llega a un acuerdo, la Autoridad Laboral decide si se acepta o no la regulación de empleo.
Durante estos últimos meses se están produciendo varios ERES masivos que están provocando protestas de sindicatos y trabajadores que se echan a las calles para protestar. Aquí podéis ver el ranking de ERES.
ranking-de-eres


El expediente de regulación de empleo, abreviado con sus siglas, ERE, es un procedimiento contemplado en la legislación española mediante el cual una empresa en crisis busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores. Tiene por objeto obtener de la autoridad laboral competente un permiso para suspender o extinguir las relaciones laborales en un marco en el cual se garantizan ciertos derechos de los trabajadores.
Se trata de un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial que puede ser tramitado por las siguientes causas:
  • Despido colectivo fundamentado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
  • Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor.
  • Suspensión de la relación laboral fundamentada en las mismas causas del apartado primero.
  • Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

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