LOS TRIBUNALES DESESTIMAN EN EUSKADI VARIOS ERE DE RESCISIÓN PRESENTADOS POR EMPRESAS
Garbiñe Biurrun afirma que la judicatura seguirá vigilando "la proporcionalidad de los despidos"
Garbiñe Biurrun Presidenta de la sala Social del TSJPV
DONOSTIA. La reforma laboral pretendía agilizar la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en favor de la empresa, pero el Gobierno español no contaba con que podía generar más inseguridad jurídica y que los jueces fijasen el criterio de que no todo vale en los ERE, en especial los que contemplan rescisiones de contratos en despidos colectivos. El pasado miércoles se conoció que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nula la decisión de la empresa metalúrgica Corrugados Azpeitia, la antigua Marcial Ucín, de extinguir los contratos de 60 trabajadores de su plantilla. Esta sentencia, junto con la de Laminaciones Arregui-Grupo Celsa, es una más de un proceso en el que los jueces se han convertido en el último dique de contención frente a los posibles abusos de ciertas prácticas empresariales.
La propia presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la magistrada Garbiñe Biurrun, no duda en señalar, en referencia a la citada sentencia que anula 60 despidos en Corrugados Azpeitia, que los jueces "se han rebelado contra alguna pretensión de la reforma laboral" y que seguirán vigilando la proporcionalidad de los despidos.
¿Qué están valorando los jueces en la ristra de sentencias contrarias a las pretensiones empresariales? Que no todo vale en la aplicación de la reforma laboral, que la misma no es un instrumento para aumentar el beneficio de los accionistas o para vulnerar el derecho de huelga y la libertad sindical sin mayor cortapisa. De hecho, en la sentencia de Corrugados el TSJPV afirma que la empresa incumplió de forma "grave e injustificada" la obligación de "negociar de buena fe" las medidas de ajuste.
La postura de los jueces de lo Social ha visto redoblada su repercusión social en un contexto en el que el número de ERE y de trabajadores afectados registra un fuerte crecimiento en la CAV. En los tres primeros trimestres de 2012 se han presentado ante la administración vasca, 1.906 ERE, un 87% más que en el año anterior, que han afectado a 27.679 personas. Y eso sin contar los expedientes, por ejemplo el de Gamesa, presentados en Madrid porque afectan a centros de trabajo en varios territorios, según el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). La propia Garbiñe Biurrun reconoce "la trascendencia" que tiene la negociación en este tipo de procedimientos y la "obligación" de dialogar "de buena fe".
CONFIANZA EN LA JUSTICIA La jueza considera que resoluciones como la de Corrugado hacen a los ciudadanos "confiar en la acción de los tribunales y en su eficacia", ya que demuestran que la judicatura, en este caso la vasca, "se ha rebelado contra alguna de las pretensiones de la reforma laboral, que era evitar el control judicial de los despidos".
Para Biurrun, "sigue mereciendo la pena acudir a los tribunales si alguien considera que alguno de sus derechos está siendo vulnerado", algo que han hecho por ejemplo los trabajadores de la empresa Formica antes de alcanzar un acuerdo con la empresa y retirar la demanda, o los de Cementos Lemona que siguen con ella. En este sentido, la magistrada aseguró, en lo que parece un aviso para navegantes, que los jueces vigilarán para que "los despidos deban seguir teniendo una causa justa" y someterse a la Constitución, así como aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad de la causa del despido.
Pese a la disposición judicial a salvaguardar los derechos de los trabajadores, la reforma laboral acota el efecto práctico de las sentencias favorables al colectivo de empleados, ya que no se prevé la readmisión de los afectados por un despido colectivo anulado en los tribunales lo que da lugar a que los jueces, como en el caso de Laminaciones Arregui, dejen la decisión en manos de la empresa o en demandas individuales.
l Corrugados Azpeitia. La acería guipuzcoana controlada por la extremeña Grupo Gallardo vio el pasado miércoles cómo los tribunales declaraban nula la decisión de la empresa de rescindir 60 contratos por "no negociar de buena fe" con los sindicatos.
l Celsa Atlantic. El TSJPV también anuló en octubre el ERE de Celsa Atlantic para despedir a 358 empleados de la alavesa Laminaciones Arregui presentado por la dirección tras fracasar el intento de llegar a un acuerdo con la plantilla para rebajar las condiciones laborales de los empleados, lo que desencadenó una serie de movilizaciones. Los jueces consideraron el despido de estos 358 empleados como una "represalia empresarial" que vulnera el derecho de huelga, declarando su nulidad.
l Koyo Bearings. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nulos trece despidos en la empresa bilbaina de origen japonés Koyo Bearings, al entender que se había discriminado a los afiliados de una organización sindical concreta, ELA, que habían encabezado una huelga, mientras que "el sindicato mayoritario en el comité de empresa, UGT, no se ha visto afectado en afiliado alguno". Esta fue la primera sentencia contraria a la empresa tras la reforma laboral en la CAV.
No hay comentarios:
Publicar un comentario