sábado, 29 de diciembre de 2012
Año 2012: Periodistas despedidos y maltratados
SILVIA PADRÓN BALANCE 2012 / PERIODISMO
Imagen de una de las manifestaciones de periodistas celebradas el pasado 6 de mayo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. / Efe
Hace un mes y medio que el Consejo de Administración de Vocento decidió echar el cierre de ABC Punto Radio y con él, mandar a más de un centenar de periodistas a las colas del paro. Los trabajadores no recibieron anuncio oficial hasta hace una semana. Todo el mundo sabía, lo que a ellos se ocultaba. A día de hoy, todavía no saben qué indemnización les abonarán, cuando la empresa presente un ERE de extinción para despedirlos a todos. La primera reunión informal se ha celebrado hoy, Día de los Inocentes, y las emisiones cesarán a mediados del mes de enero. En Madrid están afectados 160 trabajadores, pero la cifra total supera los doscientos repartidos por el resto de emisoras.
Ante el anuncio oficial, los trabajadores emitieron un comunicado en el que, además de mostrar su rechazo al cierre de la cadena y el alquiler de postes a la COPE, manifestaban el sentimiento de abandono, maltrato y humillación que embarga a la plantilla y criticaban los contratos blindados de los comunicadores o sus indemnizaciones millonarias. El comité del diario ABC ha mostrado su apoyo a los compañeros y ha pedido a la dirección que recoloque al mayor número de perjudicados en otros medios del grupo.
No es el único ejemplo de cierre de medio o despido masivo que se hace sin tener en cuenta a sus profesionales, personas que tras años de trabajo son despedidos a través de un correo electrónico, con la mínima indemnización legal, amparándose en la reforma laboral, a pesar de existir beneficios millonarios o dejando transcurrir el mes de negociaciones, sin negociar absolutamente nada.
En número de despidos, 2012 ha sido el peor año de la crisis con diferencia. El Observatorio de la FAPE refleja 3.923 despidos y 71 medios cerrados, sin contar con los 925 de Telemadrid y los de ABC Punto Radio. Este año, entre otros, se han producido más de 600 despidos en el Grupo Prisa (incluyendo la radio y la televisión), 256 en Unidad Editorial, 75 en el Grupo Joly, 34 en 20 Minutos, 134 en el grupo de revistas GyJ, 18 en El Periódico de Extremadura, 49 en El Punt-Avui, 55 en La Voz de Asturias, que cerró; 40 en el Grupo El Día, que cerró cuatro cabeceras, 60 enADN que cerró, 32 en Qué, desaparecido, 134 en Público que cerró su edición en papel y 30 en Diario de Jerez, que cerró, y Diario de Cádiz. Desde el año 2008, han perdido su empleo casi 10.000 trabajadores de medios de comunicación y han cerrado 197 medios.
En la mayoría de casos no sólo se produjeron despidos sino también reducciones de salario. Los comités han conseguido disminuir el número de salidas a costa del sacrificio de toda la plantilla. En la agencia EFE todos los trabajadores están afectados por una reducción de salario y sueldo del 25 o 50% durante seis meses. En El Periódico de Cataluña se consiguió evitar los despidos a costa de una reducción de salarios del 8% durante tres años consecutivos.
Pero sobre todo ha sido un año crítico para los medios públicos. Tras años de derroche, de mantener redacciones infladas por nombramientos a dedo, ahora son insostenibles y la plantilla debe ir a la calle. Los directivos van a seguir todos en sus puestos, sólo para mantener la orientación informativa de los medios. Entre Telemadrid y Radio Televisión Valenciana expulsarán a más de 2.000 trabajadores, Televisión de Murcia despidió a 250, la de Baleares, IB3 a 64, Televisión de Mallorca cerró, echando a 117 personas y la televisión de Castilla y León ha despedido a 17 trabajadores.
El caso de la Agencia EFE, cuarta agencia del mundo, por facturación, por número de clientes, por su presencia en más de un centenar de países y por ser la primera agencia de noticias en los medios latinoamericanos, es también muy dramático. Tenía una valiosa plantilla llena de experiencia y, sólo este año, perderá 50 trabajadores, entre las bajas voluntarias y los prejubilados. Durante tres años más seguirán saliendo periodistas de 60 años, cuya experiencia no tiene ningún valor para los gestores.
Nemesio Rodríguez, vicepresidente de FAPE, vicesecretario de APM y uno de los afectados por las prejubilaciones, ha sido muy crítico con el ERE que se ha vivido en la agencia. “Las prejubilaciones son despidos encubiertos. Y son perversas porque quiebran la cadena de aprendizaje al expulsar a los periodistas más experimentados, sin que sean sustituidos por periodistas jóvenes. Diezman las redacciones y debilitan su potencial informativo al marcharse periodistas con buenas fuentes y con capacidad para resistir las presiones procedan de donde procedan. Para llenar el hueco, se recurre masivamente a los becarios, mal pagados o sin sueldo, sometidos a la presión de no tener asegurado su puesto de trabajo” sostiene Rodríguez.
Ante la pregunta de hacia donde va la profesión, la respuesta tampoco es muy halagüeña: “El mercado se ha desplomado, el modelo de negocio está quebrado y los periodistas somos los que estamos pagándolo. Que yo sepa a día de hoy no ha dimitido ningún editor o director de medio por su responsabilidad en la crisis. Y en el caso de los directores, no conozco ninguno que haya dicho “por aquí no paso” al tijeretazo que están dando los gerentes, gestores o consejeros delegados, como se les quiera llamar, a sus redacciones. No tengo la respuesta sobre la dirección que tomará el periodismo. Si seremos “periodistas emprendedores” con un negocio independiente en el que seamos al mismo tiempo editores, pero, claro, tiene que ser “negocio” porque si no lo hay difícilmente saldremos adelante, o si seguiremos esperando a que el mercado se recupere con la esperanza de volver a encontrar trabajo. Ahora mismo, no hay trabajo en los medios, por lo que tendremos que buscar iniciativas propias. Algunas podrán tener éxito y eso es lo único que nos anima”.
Tampoco ve Nemesio que el negocio vaya a salvarse por los contenidos digitales, al menos a corto plazo. “Su única alternativa es comenzar a cobrar sus contenidos en la red, pero esos contenidos tienen que ser exclusivos, de mucha calidad, con un atractivo que convenza a los usuarios que vale la pena pagar por ellos. Mi pregunta es: ¿Están los medios españoles capacitados para ofrecer ese periodismo de calidad después de haber vaciado sus redacciones mediante los ERES de sus periodistas mejor preparados y formados, con unas fuentes excelentes, esos periodistas que escribían buenas y sólidas historias?.”
Terminábamos la crónica de 2011 con el deseo de Jesús Maraña, por entonces director dePúblico: ” hallazgo de fórmulas rentables de comunicación periodística en las redes sociales“. Todavía no las han descubierto.
jueves, 27 de diciembre de 2012
Gobierno de Rajoy en 2012, mayor ataque a los derechos sociales: sindicato
El sindicato de trabajadores de España Comisiones Obreras afirmó que mantendrá vivo el conflicto social si no se produce un cambio radical de las mismas.
El sindicato de trabajadores de España Comisiones Obreras (CCOO), uno de los dos principales, hizo hoy un balance del año y consideró que el gobierno conservador de Mariano Rajoy ha hecho en este 2012 el “mayor ataque” a los derechos sociales en la historia de la democracia del país tras anunciar una serie de recortes sin precedentes en educación, salud y pensiones, entre otras partidas.
El colectivo obrero recordó que, por lo mismo, respondió con dos huelgas generales, las del pasado 29 de marzo y 14 de noviembre. Además, adelantó que ante estas políticas, el sindicato anuncia su “firme propósito” de combatirlas y de mantener “vivo” el conflicto social si no se produce un cambio radical de las mismas.
El CCOO indicó que la crisis económica y financiera que sufren las economías europeas ha sido la “excusa” que ha servido al gobierno de Rajoy para activar un “ambicioso programa de contrarreformas y de eliminación de derechos sociales y laborales”, que colocan a España a la “cola” de la Unión Europea en materia de bienestar.
“El gobierno español, unas veces exigido por las autoridades europeas y otras, animado por su propio ideario ultraliberal, ha cedido a las presiones de las instituciones financieras para activar una dogmática política antidéficit y sacrificar la actividad económica y el empleo”, denunció el sindicato, tras destacar que estas políticas han conducido al país a “tasas históricas de desempleo”, cerca ya de los 6 millones de personas sin trabajo.
Para CCOO, en un año de gobierno “la derecha española y también la derecha nacionalista han quebrado” el sistema de relaciones laborales y han desequilibrado la negociación colectiva a favor del empresario, abaratando el despido y debilitando los servicios públicos.
También critica que el gobernante Partido Popular ha cometido un “gigantesco fraude democrático” por haber incumplido el programa electoral con el que ganó las elecciones.
El CCOO consideró, además, que la política del gobierno conduce “inexorablemente” a más recesión y más paro y acerca a España a la situación de Grecia, Irlanda y Portugal, al tiempo que criticó a las autoridades comunitarias y a los gobiernos europeos por centrarse exclusivamente en la contención del déficit sacrificando políticas de crecimiento y creación de empleo.
Con información de Milenio.
Por Redacción@OCTAVODIAmx
Despedidos 3.000 técnicos de los Servicios Públicos de Empleo
Estos días han entregado la carta de despido a 1.500 orientadores de los Servicios Públicos de Empleo. Unidos a los 1.500 que despidieron en junio, dejan a la red de oficinas sin capacidad técnica de atender a los demandantes de empleo. En la oficina en la que trabajo, de cinco que estábamos en mayo para atender a más de 3.000 demandantes, en enero quedaré solamente yo. Aunque no hay cifras oficiales del número de técnicos de empleo presentes en la red de oficinas, se puede calcular que rondará los 3.000 empleados públicos. Hay unos 6.000 empleados totales de los que, en el mejor de los casos, la mitad son técnicos y el resto administrativos.
En los últimos doce meses ha habido 9.013.321 de personas que se han dado de alta en las Oficinas de empleo que, en mayor o menor medida, sus demandas deberán ser clasificadas, además de una media de 6.248.303 demandantes inscritos. En julio de 2008 se distribuyeron los primeros fondos para la contratación de orientadores. Desde entonces el número de demandas pendientes a fin de mes ha crecido en tres millones y medio y, hasta en las previsiones más optimistas del gobierno, continuará aumentando por encima de cuatro millones más que en 2008. No parece el momento de reducir los técnicos de empleo.
El coste de los 1.500 técnicos que despiden ahora, orientadores, fue en 2012 de 47.614.000 euros. El PP quiere cambiar el modelo y privatizar los servicios de empleo. Para ello incluye la partida 48228 en el presupuesto del SEPE que se denomina “Fomento de las agencias privadas de colocación” con veinte millones de euros. Pero esa partida será absolutamente insuficiente, la crea en este momento para después incrementarla con fondos de otras partidas. Pero ni aún así salen las cuentas.
No calcula que las prestaciones por desempleo de los que envía al paro costarán, solo en 2013, unos 32,5 millones de euros. Gastará casi lo mismo en cotizaciones y el 70% de los salarios los primeros seis meses y el 50% el resto. Los fondos salen todos del mismo sitio, del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque de programas diferentes. Ahorra 47,6 millones en financiar costes salariales para gastar 52,5 entre agencias de colocación y prestaciones.
Para ahorrar, el PP gasta más privatizando al cambiar salarios por prestaciones. Y los parados sin atención y los orientadores en el paro. Pero así abren una puerta giratoria más. Los políticos del PP, además de en empresas de sanidad, como Capio (Capio Sanidad es la empresa en la que privatizó Cospedal la sanidad de Castilla La Mancha y, según numerosas informaciones en la red, a la que están vinculados el marido de Cospedal, Rato y la hermana del Consejero de Sanidad), por ejemplo, podrán situarse en Agencias privadas de colocación. Y la ministra que nunca trabajó, Bañez, la de Trabajo, por fin tendrá donde trabajar que no sea en el PP. También la hermana de Feijoo tendrá una actividad más de la que recibir fondos de la Xunta de Galicia (Micaela Núñez Feijóo, hermana del Presidente de la Xunta, es apoderada de Eulen en Galicia). Esa es su política de ahorro.
Los Servicios públicos de empleo son un lugar donde la información es especialmente sensible. Disponemos de datos confidenciales de los demandantes y deberán ser ellos, cada uno personalmente, quien autorice su envío y tratamiento por agencias privadas. Son datos confiados a la administración que es garante y custodia de su utilización. No creo que sin una autorización expresa se puedan transferir sin vulnerar la Ley de protección de datos.
Entre las funciones que deben desarrollar los Servicios públicos de empleo, es primordial la de información sobre el mercado de trabajo. Este es su mayor debilidad. Nunca se han planteado procedimientos eficaces y sistemáticos de análisis y prospectiva de los mercados locales de empleo que es donde se establecen las relaciones laborales y las contrataciones. Ello ha conllevado a un grave déficit tanto en la planificación de las políticas activas como en la propia orientación de los desempleados. Si no hacemos una prospectiva de los empleos que pueden ir surgiendo en los próximos tres años, ¿qué itinerarios de inserción podremos definir? Este problema obviamente no lo solventarán las agencias de colocación. Más bien lo agudizarán al inclinar los itinerarios hacia sus propios negocios.
Veremos centros de formación, academias, orientando e inscribiendo parados como ocurrió en Galicia hasta 2005. Si se dedican a la formación en informática en un lugar determinado, veremos que en los itinerarios habrá mucha necesidad de formación en informática. Así se cierra el círculo. En el tratamiento de ofertas de empleo habrá criterios de índole ideológica y listas negras, sobre todo en lugares más pequeños.
La privatización del servicio de empleo conllevará, además de hacer negocio con el paro, a hacer discriminación por motivos ideológicos. La señora Bañez, por fín, tendrá dónde trabajar.
Enrique Negueruela |nuevatribuna.es
Enrique Negueruela |nuevatribuna.es
miércoles, 26 de diciembre de 2012
lunes, 24 de diciembre de 2012
POEMAS SOBRE LA INMIGRACIÓN
UNA CANCIÓN DESDE EL EXILIO
I:
De pie en la entrada
Extranjero y extraño,
He viajado
Desde el mar hasta el desierto,
El canto ha cruzado ríos,
La lengua está embotada,
El rapsoda ha viajado sin su voz.
Aquí estoy, pues,
En una tierra extraña,
Entre un pueblo extraño,
Gallo solitario en la paradera.
De pie en la entrada,
Frío y solo,
Con tierra de mi pueblo
En un amuleto de piel
Con fotos y un mechón
De la mujer que amaba.
Un cobarde ha abandonado su casa
Y la batalla.
Aquí, en esta guarida,
Lejos del calor,
Los llantos de los niños
Y el dolor de las viudas,
Del balido de las ovejas
Y el chirrido de los grillos,
A salvo de los lobos
Y el perro de caza.
Lejos de mi madre.
Lejos incluso
De sus bulliciosas calles,
De whisky y el hielo
Y el sudor de los cuerpos
Las blasfemias de las putas
Y el himno del hachís.
Aquí donde el frío me congela la
Sangre de los ojos.
Las miradas me marcan la frente como
Un hierro candente.
Aquí, frío y solo.
Calado hasta los huesos,
Con mi rabia y mi vergüenza,
Sólo me queda el recuerdo
Para abrigarme.
II:
Por las calles veo compatriotas,
En los bares, en los parques,
En las estaciones de metro,
En la oficina de correos, y pasan
Deprisa.
Unos correteando como palomas
Con los hijos a su lado;
Otros; viejos y cansados,
Arrastrándose con el dolor de los años,
Otros, con el acento correcto
Y sal en las lenguas;
Otros, más pálidas ya
Con brillantina en el pelo;
Y todos pasan deprisa,
Deprisa, mirando a otro lado.
Sin cruce de palabras,
Sin señal de nuestros lazos,
Sin reverencias a una madre,
Sin bendición de los mayores a sus
Hijos.
Me hierve la sangre,
Nuestra sangre,
Y me pregunto:
Estos hombres
Y mujeres,
Con sus ojos fijos en el suelo,
¿Llevan también
Estas agujas de mi corazón?
IV:
¿Qué amigo puede compartir
el íntimo dolor del exiliado?
Me despiertan de noche:
Con las palabras de siempre
Has vuelto a gritar dormido:
¡Abre la jaula,
mujer!
La historia de una inmigrante residente sin tarjeta sanitaria
TRAS AÑOS VIVIENDO EN ESPAÑA LA CRISIS LES HA CONDENADO
Margaryta se llevó una sorpresa mayúscula cuando se puso ante el espejo una mañana de esta primavera. La razón de los picores en su cara nada más levantarse era una infección cutánea en la frente y la barbilla que supuraba pus. Y una alergia bajo el ojo izquierdo “que parecía que me habían dado una paliza la noche antes”, cuenta ella misma.
A sus 19 años era la primera vez que le ocurría algo semejante. Pero no sabía todavía que su asombro se iba a tornar en desesperación pocos minutos después, cuando llegó al Centro de Salud de Murcia más próximo a su domicilio de estudiante. Como desplazada, pues su domicilio familiar está en Los Alcázares (Mar Menor), tuvo que esperar un rato a ser atendida por una administrativa.
Hasta ese momento, solo le preocupaba la infección facial. Lleva doce años en España, a donde llegó desde Ucrania con su madre, Svitlana, en la Navidad de 1999 para unirse al padre, Vitaliy, un ingeniero industrial que llevaba ya más dos trabajando de jornalero en el Campo de Cartagena. A Margaryta, que ya lleva más tiempo de su vida en España del que pasó en su localidad ucraniana natal, en el sureste del país, cerca de Donetsk, le aguardaba la segunda y casi peor sorpresa del día.
Hasta ese momento, como inmigrante legal al igual que sus padres disponía de todos los beneficios del maltrecho estado del bienestar español. Especialmente de la atención sanitaria, aunque por su edad poco uso había hecho de ella. Pero el desempleo galopante en Murcia, superior al 25% de la población activa, también había llegado a su casa. Vitaliy había ido mejorando en la escala social una vez que obtuvo la tarjeta de residencia. De bracero en el campo había pasado a camarero, de ahí a peón en la construcción atraído por los buenos sueldos de la época de la burbuja inmobiliaria y, finalmente, fue vigilante de seguridad en un club de alterne. Nada comparable a su trabajo en Ucrania, donde con su titulación de ingeniero era gerente de una estación de bomberos.
Svitlana siguió un camino paralelo al de su marido, con dos años de diferencia. Embaló limones, trabajó en un supermercado, y limpió casas hasta que en 2005 se quedó embarazada de Denis, el hermano de Margarytta, y fue despedida. No se arredró y montó una tienda de productos rusos y ucranios para la numerosa colonia de esas dos nacionalidades en la costa levantina.
Pero el derrumbe la construcción los sepultó a todos. Vitaliy está en paro desde hace cuatro años. Svitlana tuvo que cerrar su comercio hace dos. Ambos han agotado ya la prestación por desempleo. Solo Margarytta ha podido seguir, hasta ahora, con su actividad. Estudia segundo de grado en Comunicación en la Universidad de Murcia, donde sigue gracias a una beca general de matrícula entera mejorada con 300 euros por buenas calificaciones.
Sin embargo, al depender de la madre, que en diciembre perdió la cobertura sanitaria tras agotar las prestaciones de desempleo, la administrativa de turno en el Centro de Salud le informó a bocajarro, y de no muy buenas maneras, de que no tenía derecho a la asistencia sanitaria. Y tampoco estaba dispuesta a mandarla a urgencias. “¿Para eso de la cara?”, le espetó sin ninguna delicadeza. Tuvo que esperar un día más a que la infección en su cara alcanzara niveles observablemente preocupantes para ser atendida en Urgencias.
Antes de irse a casa a dejar pasar el tiempo para ir a la consulta de urgencia, Margarytta se volvió y se dio de bruces con un cartel de “PRECIOS PÚBLICOS” sellado por el Servicio Murciano de Salud, el mismo que acaba de ser intervenido el jueves por la Consejería de Hacienda murciana debido a sus agujeros económicos.Una consulta con el médico de familia cuesta 88,26 euros si no se dispone de tarjeta sanitaria. Entrar por la puerta de urgencias sube el precio a 110,95 euros. Y el desplazamiento a domicilio de una ambulancia llega a 130,53 euros. Por una simple inyección se ha de pagar 16,32, además de llevar el inyectable, claro.
Con Vitaliy, de 44 años, recibiendo una pensión de subsistencia de 530 euros para todos porque de él depende el hijo menor, Denis, “le pregunto a mi padre qué adelantamos si yo me paso a su tarjeta sanitaria para tener asistencia. Porque tenemos pendientes de pago no sé cuanto dinero de dos hipotecas, una del local del negocio de mi madre y otra de la casa”. Porque, además, la paga de Vitaliy tiene duración de dos años, puesto que es menor de 52 años. “Y entonces, ¿qué haremos?”, se pregunta Margarytta.
Lo que tiene claro es que la reciente declaración de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, en la Asamblea Regional de que “la asistencia sanitaria no se le va a negar a ningún ciudadano” no se ajusta a la realidad, al menos a “su” realidad. Y también a la de cientos, quizá miles, de desempleados españoles sin prestación o esta agotada. Ni siquiera está segura Margaryta de que parte de sus problemas se solucionarían si su expediente de petición de nacionalidad saliera adelante. Lo inició hace seis años. Como hicieron sus padres con su hermano Denis nada más nacer.Silencio administrativo. O la callada por respuesta.
"Marea Blanca" inicia una "resistencia feroz" contra privatización de sanidad
24-12-2012 / 16:40 h EFE
El colectivo "Marea Blanca" en defensa de la sanidad pública se ha encerrado hoy en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, el primer paso de una "resistencia feroz" en contra de la privatización de la sanidad, de los recortes y de los despidos de trabajadores.
Miembros de esta plataforma permanecerán en la sala de juntas de la Junta de Personal hasta el próximo 31 de diciembre, por turnos de varias personas, ya que no quieren "perturbar la paz del hospital" ni perjudicar el bienestar de los pacientes, ha explicado a Efe una de las portavoces de Marea Blanca, Ana Asensio.
Antes de entrar en el centro hospitalario, unos doscientos trabajadores de la sanidad se han concentrado a las puertas del clínico para rechazar las medidas de ajuste que están llevando a cabo los gobiernos central y autonómico.
Entre ellos se encontraba José Luis Martínez, que hoy inicia una huelga de hambre hasta el próximo lunes con el objetivo de mandarle un mensaje claro y contundente al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que "la resistencia contra la privatización y los despidos va a ser feroz".
"No puede ir en contra de la sanidad pública, la vamos a defender con todos nuestros medios", ha dicho Martínez, quien estará acompañado en esa huelga de hambre por su compañero Antonio Vázquez.
Vázquez ha lamentado que el Gobierno haya cruzado "una línea roja" que no debería haber traspasado, ya que "vulnera derechos del trabajo público y de la asistencia pública y gratuita de todos los usuarios", y ha remarcado que el sistema de sanidad "funciona", es "eficaz y eficiente".
El encierro de hoy se ha convocado en protesta por la centralización de laboratorios de análisis clínicos en el Hospital Miguel Servet, a juicio de Ana Asensio "un primer paso hacia la privatización de este servicio".
Durante esta semana se van a celebrar asambleas y reuniones para hacer visible la situación real de la sanidad, ha dicho Asensio, quien ha recordado que se han cerrado quirófanos por la tarde y las listas de espera se han triplicado.
El Sespa atendió a más de 300 «sin papeles» desde la retirada de la tarjeta sanitaria
El Principado destaca su medida «pionera» para desactivar la exclusión de los inmigrantes irregulares auspiciada por el Ejecutivo central
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Un total del 311 extranjeros «sin papeles» han sido atendidos por la sanidad pública asturiana desde la entrada en vigor -el pasado 1 de septiembre- de la norma estatal que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a los que, salvo una serie de excepciones, excluía de una asistencia gratuita. A raíz de la aplicación de dicha regulación, el Gobierno regional puso en marcha una iniciativa que garantiza el acceso de este colectivo a una sanidad totalmente subvencionada (excepto el epígrafe de fármacos). «Todos ellos han sido incluidos en el Sistema de Información de Población y Recursos (Sipres) y se les ha asignado un código de identificación personal», subraya un comunicado difundido ayer por el Servicio de Salud del Principado (Sespa).
El Gobierno asturiano señala que la atención a estas personas «fue una de las primeras medidas abordadas por el Ejecutivo de Javier Fernández». La Consejería de Sanidad abanderó desde el primer momento una posición beligerante con la defendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Como consecuencia, arbitró una resolución «pionera» en España -según enfatiza el Ejecutivo autonómico- basada «en la Ley General de Salud Pública, que promueve el funcionamiento coordinado de las estructuras asistenciales para preservar la salud poblacional y que contempla actuaciones individuales y colectivas entre las que se incluyen las actividades de promoción de la salud y las de prevención de la enfermedad».
De los nuevos usuarios registrados desde la entrada en vigor de la citada resolución, 138 son hombres y 173 mujeres. Por grupos de edad, 126 están comprendidos entre 18 y 29 años (59 hombres y 67 mujeres); 121 entre los 30 y los 44 (58 hombres y 63 mujeres); 56 entre los 44 y los 64 años (20 hombres y 36 mujeres) y sólo ocho superan los 65 (un hombre y siete mujeres).
Cuatro de cada cinco inmigrantes atendidos son menores de 44 años y sólo el 2,5 por ciento mayores de 65 años. Estos últimos datos vienen a corroborar la tesis de la Consejería de Sanidad, según la cual la «inmensa mayoría» de los irregulares son «población joven, que es la que habitualmente precisa de un uso menor de los recursos asistenciales». Esta apreciación ha sido empleada de forma reiterada por el Departamento que dirige Faustino Blanco para cuestionar la regulación auspiciada por el Partido Popular.
Una regulación que contempla excepciones, de modo que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España menores de 18 años y las mujeres embarazadas han continuado recibiendo la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas con derecho a aseguramiento.
Según el Gobierno asturiano, los datos recabados por Sanidad confirman que los inmigrantes sin papeles que residen en la región son, «en su mayoría, una población joven y sana, con muy poca demanda asistencial, que no genera un gasto especialmente relevante para el sistema público de salud».
La Consejería agrega que Asturias cuenta, en el momento actual, con un total de 9.303 ciudadanos sin aseguramiento acreditado, de los que 2.729 son comunitarios y 6.574 extracomunitarios. De ellos, 9.007 tenían aseguramiento y tarjeta sanitaria hasta el pasado 1 de septiembre, fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo asturiano desconoce «qué porcentaje de estas tarjetas se corresponde con personas que siguen residiendo en Asturias». Sí se tiene certeza, en cambio, de que, de todos ellos, a unos 2.000 «les había caducado la tarjeta sanitaria antes de la fecha máxima de renovación del 1 de marzo y no acudieron a renovarla».
El Sespa destaca que Asturias ha sido «pionera con una iniciativa a la que se han sumado otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias».
biomasa Iberdrola cierra la planta de biomasa de Corduente
Javier RicoLunes, 24 de diciembre de 2012
Parada técnica según la eléctrica y cierre definitivo según los trabajadores e intuye la alcaldesa de Corduente, Isabel Férnández. Los recortes en Castilla-La Mancha, que afectan al suministrador principal de la planta, la tasa a las eléctricas y la insuficiente eficiencia de la planta provocarán su cierre el 31 de diciembre y el despido de todos sus trabajadores, más la pérdida de empleo de otras personas vinculadas al suministro de biomasa. Durante su inauguración en 2009 la instalación se vendió como innovadora, reactivadora de la economía en la zona y referente en la prevención de incendios.
Al principio de la semana pasada se empezó a extender la noticia del cierre de la planta de Corduente (Guadalajara) por parte de sus propietarios, Iberdrola, que la explota a través de Tamoin Power Services. El jueves 20, la compañía eléctrica salió al paso de las informaciones y afirmó que la cerrará el 31 de diciembre “por una parada técnica para mejorar su eficiencia”, según recogía EFEverde. Añadía Iberdrola que la central es “un proyecto innovador y que la parada pretende reenfocarlo a nivel técnico y económico". Concluye, según recoge textualmente la agencia, que “la biomasa es una tecnología nueva que necesita todavía ajustes y reenfoques".
Es cierto que existen pocas plantas en España enfocadas cien por cien a la biomasa forestal industrial, pero no se debe tanto a la falta de tecnología apropiada. Desde el colectivo de trabajadores, la alcaldía de Corduente y el PSOE de Guadalajara señalan otras causas. La misma información de EFEverde revela que fuentes de los trabajadores de la central alegan que la planta cierra definitivamente porque tiene pérdidas y que solo volverá a abrir si la eléctrica consigue venderla. Sostienen que ha existido "mala gestión" por parte de Iberdrola, ya que la operación correspondía a personal subcontratado y el abastecimiento de madera no era el más eficiente.
Se pierde el rastro de los 280 empleos que se iban a crear
Los trece empleados de la planta ya han recibido el preaviso de despido por parte de Tamoin, pero quieren plantear a Iberdrola un compromiso de recontratación, en caso de que la planta vuelva a ponerse en marcha tras el modificado técnico. Aún no han recibido contestación a la propuesta. La eléctrica ya había prescindido de tres trabajadores, ya que se puso en marcha con una plantilla de veinte, aunque cuando se inauguró, Iberdrola Renovables contaba más, y afirmaba que “da trabajo a dieciocho personas en la planta y a catorce en la trituración y traslado de la biomasa, además de las 250 que emplea la Junta en la limpieza de los montes”.
El problema es que ya no hay tantas personas limpiando los montes. De esta tarea se encarga la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). Según una información del portal GuadaQué, la alcaldesa de Corduente, Isabel Fernández, afirma que los responsables de Iberdrola han reconocido la falta de rentabilidad económica de la planta, agravada por la finalización del convenio con Geacam para el desbroce de montes en el aporte de combustible y por el nuevo impuesto de las eléctricas.
Es cierto que existen pocas plantas en España enfocadas cien por cien a la biomasa forestal industrial, pero no se debe tanto a la falta de tecnología apropiada. Desde el colectivo de trabajadores, la alcaldía de Corduente y el PSOE de Guadalajara señalan otras causas. La misma información de EFEverde revela que fuentes de los trabajadores de la central alegan que la planta cierra definitivamente porque tiene pérdidas y que solo volverá a abrir si la eléctrica consigue venderla. Sostienen que ha existido "mala gestión" por parte de Iberdrola, ya que la operación correspondía a personal subcontratado y el abastecimiento de madera no era el más eficiente.
Se pierde el rastro de los 280 empleos que se iban a crear
Los trece empleados de la planta ya han recibido el preaviso de despido por parte de Tamoin, pero quieren plantear a Iberdrola un compromiso de recontratación, en caso de que la planta vuelva a ponerse en marcha tras el modificado técnico. Aún no han recibido contestación a la propuesta. La eléctrica ya había prescindido de tres trabajadores, ya que se puso en marcha con una plantilla de veinte, aunque cuando se inauguró, Iberdrola Renovables contaba más, y afirmaba que “da trabajo a dieciocho personas en la planta y a catorce en la trituración y traslado de la biomasa, además de las 250 que emplea la Junta en la limpieza de los montes”.
El problema es que ya no hay tantas personas limpiando los montes. De esta tarea se encarga la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). Según una información del portal GuadaQué, la alcaldesa de Corduente, Isabel Fernández, afirma que los responsables de Iberdrola han reconocido la falta de rentabilidad económica de la planta, agravada por la finalización del convenio con Geacam para el desbroce de montes en el aporte de combustible y por el nuevo impuesto de las eléctricas.
“El cierre se suma a los recortes que padecemos en toda la comarca de Molina”
En La Crónica de Guadalajara recogen las palabras de la parlamentaria regional del PSOE en esta provincia, Yolanda Lozano, quien añade que “los despidos en la planta de biomasa se añadirán a los 180 puestos de trabajo que se han perdido en Geacam en toda la comarca de Molina de Aragón”. Lozano especifica que "la planta dejó de ser viable desde que el Gobierno regional rompió unilateralmente el convenio por el que Geacam suministraba el 40 por ciento del combustible empleado para generar energía a través de los trabajos de limpieza del monte".
Isabel Fernández recuerda que la planta era uno de los compromisos encuadrados en el Plan Integral del Ducado tras el grave incendio de 2005 del Alto Tajo, firmado por el anterior Gobierno regional y los ayuntamientos de la zona y con vigencia hasta 2015. La alcaldesa afirma que varios madereros de la comarca se habían quedado recientemente en subasta con la saca de la madera del incendio de Checa, con el compromiso de llevar el residuo forestal a la planta, "y ahora su futuro también está en el aire". Fernández concluye indignada que esta mala noticia “se suma a los recortes que ya venimos padeciendo en toda la comarca de Molina con los despidos de los agentes medioambientales, con las ambulancias, las escuelas y todo".
En La Crónica de Guadalajara recogen las palabras de la parlamentaria regional del PSOE en esta provincia, Yolanda Lozano, quien añade que “los despidos en la planta de biomasa se añadirán a los 180 puestos de trabajo que se han perdido en Geacam en toda la comarca de Molina de Aragón”. Lozano especifica que "la planta dejó de ser viable desde que el Gobierno regional rompió unilateralmente el convenio por el que Geacam suministraba el 40 por ciento del combustible empleado para generar energía a través de los trabajos de limpieza del monte".
Isabel Fernández recuerda que la planta era uno de los compromisos encuadrados en el Plan Integral del Ducado tras el grave incendio de 2005 del Alto Tajo, firmado por el anterior Gobierno regional y los ayuntamientos de la zona y con vigencia hasta 2015. La alcaldesa afirma que varios madereros de la comarca se habían quedado recientemente en subasta con la saca de la madera del incendio de Checa, con el compromiso de llevar el residuo forestal a la planta, "y ahora su futuro también está en el aire". Fernández concluye indignada que esta mala noticia “se suma a los recortes que ya venimos padeciendo en toda la comarca de Molina con los despidos de los agentes medioambientales, con las ambulancias, las escuelas y todo".
Despido más barato y salario flexible para combatir el paro
La reforma laboral me va a costar una huelga general", le confesó a comienzos de año el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, en una conversación informal en una de tantas cumbres europeas, sin percatarse de que estaban grabando sus palabras. La frase fue entonces premonitoria de que los cambios que se avecinaban no iban a ser meramente estéticos.
RAQUEL DÍAZ GUIJARRO - MADRID - 24/12/2012 - 10:06
Y así ocurrió, no una, sino dos huelgas generales en el mismo año (algo inaudito) le han costado al Ejecutivo el nuevo marco normativo en materia laboral. No obstante, todavía hoy hay expertos que recuerdan que la reforma podía haber sido mucho más ambiciosa. Es decir, que en este asunto hay opiniones para todos los gustos.
Las principales medidas que incluyó el texto elaborado por el Gobierno fueron el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y un máximo que se reduce de 42 a 24 mensualidades; con un mecanismo para garantizar los derechos de los contratados antes de la nueva norma.
A partir de febrero se facilitó el despido por causas económicas (20 días por año y 12 mensualidades) por dos vías. Por un lado, afinando más qué puede alegar la empresa, como son tres trimestres consecutivos de pérdidas o disminución de ingresos o ventas. Y,_por otro, eliminando la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE), que se dejan a decisión unilateral del empresario; aunque se mantiene el periodo de consultas y las formalidades de la documentación.
En materia de negociación colectiva se facilitan los descuelgues de los convenios y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Ha servido para frenar la sangría del desempleo? Las cifras en frío dicen que no, ya que se contabilizan 100.000 ocupados menos desde la reforma y 140.000 parados más. Según los datos de los ERE es verdad que hay más de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada que de extinción (despidos), pero todos continúan aumentando. Los despachos de abogados insisten en que la primera opción de las empresas continúa siendo el despido antes que la flexibilidad interna.
En cualquier caso, sí se está abaratando el coste de las indemnizaciones por despido, un 9,3%, en términos globales, y también se están ajustando los costes laborales a marchas forzadas, vía salarios. Hasta un 33% de las empresas ha recortado los sueldos de su plantilla este año. Si servirá o no para salvar el empleo, solo el tiempo lo dirá.
Los ERE llegan al sector público
Otra de las novedades que incluye la reforma laboral es la posibilidad de que se produzcan despidos colectivos por causas económicas en las Administraciones Públicas, un sector que a estas alturas de la crisis parecía inmune a estos procesos de dramáticos ajustes de plantilla. Las últimas cifras conocidas de paro registrado y, sobre todo, de la Encuesta de Población Activa, prueban cómo es el sector público aquél donde empieza a concentrarse la destrucción de empleo desde mediados de año.
Desde el Ministerio de Empleo defienden que la reforma laboral no se diseñó para crear empleo, sino para que en próximas crisis económicas no se opte masivamente como primera opción por el despido de trabajadores, sino por medidas de flexibilidad interna.
Y quienes temían que la ausencia de autorización administrativa judicializaría en exceso los ERE, los números parecen darles la razón. Aunque siguen pactándose la gran mayoría, a pesar del acuerdo colectivo, una parte del comité o los trabajadores a título individual recurren a los juzgados de lo Social, algo que no se podía hacer con la legislación anterior.
La Junta pide que se tomen medidas ya ante la prolongada baja de la juez de los ERE
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, considera necesario "tomar una decisión ya" y adoptar alguna de las medidas legales previstas para paliar la baja por enfermedad de la juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya. El caso acumula ya 60 imputados y el sumario supera los 23.000 folios.
En declaraciones a Europa Press, De Llera argumentó que, después de que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla haya prorrogado su baja por un mes más, "hay que tomar una decisión seria ya y nombrar a alguien que vaya a permanecer", porque -según las informaciones de las que dispone- la magistrada "parece que no está bien".
En este sentido, el consejero del ramo lamentó que "da mucha pena ver que una compañera está en esta situación, pero alguien tiene que hacerse cargo" del juzgado en tanto en cuanto se prolonga la baja. De Llera desveló que por parte de la Fiscalía Anticorrupción "ya se ha pedido que se diera una solución a este problema, porque con un juez interino es muy difícil trabajar".
Al hilo de ello, el titular de Justicia se refirió a lo asegurado por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, quien defiende que, en caso de que la juez prorrogue nuevamente su baja, habrá que plantearse la posibilidad de pedir una comisión de servicio o un juez de adscripción territorial.
"Eso sería lo coherente, dar una solución", puso de manifiesto el responsable autonómico de Justicia, quien señaló que, si no se soluciona este asunto, la juez "va a estar presionada con la necesidad de volver pronto, y lo que tiene que hacer es curarse y, una vez que esté curada, que se reincorpore y siga llevando su trabajo como siempre lo ha llevado, con una profesionalidad extraordinaria".
No obstante, "mientras tanto hay que tomar una solución", insistió el consejero, quien recordó que el juzgado de Mercedes Alaya "lleva unosasuntos hartamente complicados". "Me imagino ahora a un juez nuevo de carrera que llegara al juzgado y de entrada tuviera que estudiarse un montón de volúmenes para ver lo que hay, y eso es muy perturbador", concluyó.
Fin de contrato
Emilio de Llera hizo estas declaraciones tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado destinar a una juez de adscripción territorial (juez de carrera pero sin plaza fija) al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, debido a que el juez de refuerzo que fue nombrado en su día -Iván Escalera- termina su contrato el 31 de diciembre, lo que supone un nuevo contratiempo para la instrucción de este caso.
La Sala de Gobierno del TSJA acordó el pasado día 17 de diciembre nombrar a Ana Rosa Curra Rojo como sustituta del sustituto de Mercedes Alaya, medida que no tiene relación alguna con la prolongada baja de la juez -está fuera del juzgado desde que se reincorporó a la vuelta de las vacaciones de verano- sino con el cumplimiento del contrato del juez de refuerzo, Iván Escalera.
Ana Rosa Curra Rojo comenzará a trabajar en el juzgado de Mercedes Alaya a partir del próximo 3 de enero y su contrato tiene una duración mínima de seis meses prorrogables.
Curra Rojo partirá de cero en un caso de enorme complejidad, con 60 imputados y más de 23.000 folios de sumario. El caso se encuentra actualmente en secreto de sumario, medida que pidió la Guardia Civil en un intento de descubrir a los "verdaderos beneficiarios" de los fondos públicos investigados y por que interesan "investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados" que podrían malograrse.
Ana Rosa Curra Rojo procede del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, donde instruyó la denuncia que la Fiscalía Superior de Andalucía interpuso contra el ex primer teniente de alcalde y actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por amenazar presuntamente y atentar contra la integridad moral de los empleados despedidos en la empresa municipal Sevilla Global.
Con anterioridad, la magistrada Curra Rojo prestó servicio en el Juzgado de lo Mercantil 1 bis de Sevilla y en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vilanova y la Geltrú y 1 de La Palma del Condado.
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