“Si nos quedamos sin trabajo, ellos se quedan sin trenes”, pensaba este jueves Guillermo Grau, presidente del comité de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de la delegación de Alicante. Según esta afirmación, la gente apoyó las razones de esta primera huelga en FGV contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa. Una amenaza real que les sobrevuela desde hace semanas después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciase un recorte en la plantilla pública de 3.500 empleos. De ahí que los paros fueran secundados por un “99%, si no un 100%” en ambas provincias, según el comité. La dirección, no obstante, rebajó la cifra al 75% en el metro de Valencia y 65% en el del tranvía y la red ferroviaria de Alicante.
Lo cierto es que en las estaciones de Valencia hubo retrasos y aglomeraciones a lo largo del día, a pesar de que los servicios mínimos de la huelga eran de un 55% durante las horas punta y un 40% en las “horas valle”. “Hay el mismo número de viajeros y menos servicio”, reflexionaba un agente de atención al cliente, “pero no estamos teniendo muchas quejas porque la gente entiende que es por despidos y no por dinero”. La empresa pública, que pretende reducir hasta 500 puestos de trabajo, alegó que, según cálculos basados en encuestas realizadas durante los paros parciales, el número de usuarios se reduce en un 30% en los días de huelga.
“Yo he llegado a las siete y cuarto y me he tirado veinte minutos”, explicaba Pau Mendoza, un estudiante de 17 años. “He pedido justificante porque no he llegado a clase y me han dicho que por huelga no daban”, lamentaba. “Es un desastre, ahora tenemos que esperar casi una hora”, se quejaban tres chicas que venían de estudiar en la capital. “Además, los trenes vienen a tope”.
“¿A qué hora viene el próximo tren?”, preguntaban al primero que pasaba en la estación de tranvía de Mercado en Alicante un grupo de turistas al encontrarse con una estación desierta y darse cuenta de la huelga. Minutos antes, una pareja de británicos había desistido en su espera al ver los casi desérticos andenes de esta misma estación. Los turistas, varios manteros y dos o tres jubilados se encontraban entre los escasos viajeros que esperaban un tranvía a media mañana. Los convoys, incluso en las horas punta, no iban llenos.
El comité expresó de nuevo su “voluntad negociadora” para “alcanzar una solución no traumática”. “Si no se abren las líneas de negociación que contemple la adopción de medidas alternativas”, continuaron, “los trabajadores seguiremos con el calendario de movilizaciones del mes de noviembre”.La jornada transcurrió sin incidentes. La empresa solo notificó que en cuatro estaciones —las de Paterna, Llíria y Paiporta de la línea 1, y Albalat de la línea 3— se sellaron cerraduras con silicona y que en algunas estaciones de la línea 3 se impregnaron de aceite las cerraduras de los edificios. “No ha habido nada que resaltar”, comentó Alicia Murcia, presidenta del comité en Valencia. “Se nota la comprensión de la gente”, decía mientras añadía que la consejera de Transportes, Isabel Bonig, no ha hecho ninguna mención sobre los paros. “Hemos acudido sin cita para intentar abrir una línea de diálogo, pero, como tienen por costumbre, no nos han atendido”, resumía. En Alicante, por el contrario, la alcaldesa, Sonia Castedo, les recibió antes de la marcha, y la presidenta de la diputación, Luisa Pastor, les escuchó al término.
Desde 2009, la empresa ha reducido el número de empleados en 154, pasando de 1.959 a 1.805. El presupuesto ha pasado de 95 millones a los 84 millones previstos para este año. Ahora pretenden reducir hasta 20 millones. “Quieren cabezas”, protestaba Ángel, un maquinista que lleva 30 años en la empresa. “No tiene sentido que haya estaciones sin funcionar y echen gente”.
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