El PSOE reclama al Gobierno una nueva regulación legal del empleo para las personas con discapacidad

EUROPA PRESS 03/12/2012

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclama al Gobierno una nueva regulación legal del empleo para las personas con discapacidad, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los porcentajes de reserva empleo para personas con discapacidad establecidos tanto para el sector público, como para el privado.

La portavoz del PSOE en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara baja, Laura Seara, junto con la responsable de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, han sido las encargadas de registrar esta iniciativa, para su debate ante el Pleno del Congreso, con motivo de la celebración este lunes del Día internacional de las Personas con Discapacidad.

En la proposición de ley piden al Ejecutivo igualmente la adopción de medidas de apoyo a los centros especiales de empleo, como la ampliación de la subvención del coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad al 75 por ciento del salario mínimo para los colectivos con especiales dificultades para su inserción laboral.

Igualmente, solicita la derogación de la disposición final undécima del decreto de febrero, de medidas urgentes para al reforma del mercado laboral, con el objetivo de dar de nuevo vigencia plena a las 'Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad', contenidas en el Anexo del decreto de 2011, por el que se aprobó la Estrategia Española del Empleo 2012-2014.

De la misma forma, sugiere al Gobierno la reposición de los recursos destinados a las políticas activas de empleo, así como la puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar que las distintas administraciones salden las deudas que tienen contraídas con empresas y entidades del tercer sector social.

Retroceso en políticas de discapacidad
Por todo ello, Laura Seara ha denunciado que "las políticas antisociales" del Gobierno están suponiendo un "grave retroceso en los avances conquistados en los últimos años" en materia de discapacidad.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, de las 1.171.900 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y 64 años y residentes en hogares, 423.700 estaban laboralmente activas. Es más, Seara puntualiza también que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 36,20 por ciento, frente al 75,90 por ciento de las personas sin discapacidad.

En este sentido, Seara afirma que la crisis económica y social "no puede servir de coartada o pretexto" para reducir los derechos sociales ni los apoyos y recursos para las políticas de discapacidad.

Con ello, ve que, en momentos de dificultades económicas, los poderes públicos deben intensificar los esfuerzos para continuar avanzando en la protección de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. "El Gobierno está haciendo justo lo contrario, con brutales recortes presupuestarios y reformas legislativas regresivas", ha lamentado la parlamentaria gallega.

En su opinión, este retroceso se refleja en la promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad, "cauce fundamental para alcanzar su plena integración en todos los ámbitos".