El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) de la capital a readmitir a siete trabajadores a los que despidió después de que estos le reclamaran que los reconociera como fijos.
El fallo, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), también condena al IMEF a abonar los salarios que los trabajadores han dejado de percibir desde que fueron despedidos, el 25 de marzo de 2012, hasta hoy, a razón de 2.309 euros prorrateados al mes.
La magistrada considera probado que los despedidos han trabajado ininterrumpidamente para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el 16 de marzo de 2009, con la categoría de técnicos de grado medio en virtud de un contrato de duración determinada a tiempo completo para prestar servicios como agentes de empleo y desarrollo local en el marco del proyecto "Promoción de las Iniciativas Emprendedoras Generadoras de Empleo" en el municipio.
Estos contratos fueron objeto de dos prórrogas sucesivas, hasta que, el 25 de marzo de 2012, la Corporación comunicó su finalización a los afectados.
La sentencia asegura que, pese a que fueron formalmente contratados para llevar a cabo "un proyecto determinado y sujeto a subvención, los trabajadores realizaron tareas normales y habituales de un técnico de ayuntamiento".
Así, destaca que los demandantes reclamaron en mayo de 2011 al Ayuntamiento que reconociera que su relación laboral era indefinida, una situación que denunciaron en los tribunales al mes siguiente.
Para la magistrada, "la causa de la extinción del contrato está en el hecho de que una prórroga suponía que los actores adquirieran la condición de personal laboral indefinido y porque no había financiación para ello".
Los demandantes solicitaron la nulidad de su despido "por vulneración del derecho fundamental a la indemnidad, traducida en su variedad de represalia", como consecuencia de la reclamación y la posterior demanda que presentaron ante el Consistorio para que reconociera la existencia de una relación laboral de carácter indefinido.
Al respecto, la magistrada afirma que en este litigio "se acreditan los suficientes extremos o indicios" para considerar la existencia de vulneración del derecho o garantía de indemnidad, en su vertiente de represalia, por lo que declara nulos los despidos.
En su opinión, eso ha ocurrido porque ha quedado constatado que los trabajadores reclamaron y demandaron después al Ayuntamiento que reconociera que su relación laboral era indefinida.
El fallo asegura que en este caso "existen más que indicios de que dicho despido operó como represalia por la interposición de demanda en reclamación de una relación laboral indefinida".
Así lo testificó en el juicio el gerente del IMEF, quien reconoció, según la sentencia, que los despidos de estos siete trabajadores "obedeció, no sólo a que no se había concedido subvención" al proyecto para el que fueron contratados, como alegó el Ayuntamiento, "sino también al hecho conocido de que, de seguir en su puesto de trabajo, habría que reconocerles su carácter indefinido".
La sentencia ha sido difundida por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que en su día criticó la decisión del grupo de gobierno (PP) de despedir a estos siete agentes de desarrollo local y advirtió de que "eran despidos ilegales y que, además, el IMEF se quedaba sin técnicos cualificados para tramitar planes de empleo y proyectos".
La concejal socialista Isabel Mena ha destacado que, según este fallo, el Ayuntamiento tendrá que pagar una media de 18.472 euros por cada trabajador, lo que supondrá casi 130.000 euros.
El PSC también han recalcado que tras estos despidos, el Ayuntamiento "contrató a otras siete personas como agentes de desarrollo local, pese a que la intervención delegada del IMEF advirtió en un informe de que estas contrataciones eran irregulares".
EFE / Las Palmas de Gran Canaria
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